Archivo Histórico Comité Monseñor Romero

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HONDURAS

CITAN A DECLARAR A CUATRO DE LOS DIEZ OFICIALES HONDUREÑOS

LA JORNADA, México, octubre 12 de 1995.

Las autoridades judiciales de Honduras citaron a declarar para el próximo viernes a cuatro de los diez militares acusados de desapariciones forzadas en la década pasada cuya defensa advirtió que no acudirán, al alegar que ya fueron absueltos por tres amnistías.

El juez de la causa, Roy Medina, indicó que los primeros en ser citados ante el Juzgado Primero de lo Criminal son el coronel Alexander Hernández, actual inspector de la policía , el capitán Billy Joya y los mayores Manuel Trejo y Jorge Padilla, retirados de servicio los tres últimos. Medina explicó que los militares acudirán a prestar su declaración en calidad de testigos, por lo que descartó la posibilidad de remitirlos a la cárcel. Pero reiteró que en caso de hallárseles indicios de culpabilidad, se seguirá el procedimiento correspondiente de acuerdo con una nueva comunicación judicial.

“No se está librando ninguna orden de captura en contra de ellos, mientras la Corte de Apelación no falle sobre el recurso de amparo”, añadió. De esa manera, se confirmó que Medina denegó una solicitud de la Fiscalía para los que militares no fueran citados a declarar como testigos, sino como procesados.

En referencia a este caso, en que por primera vez en la historia hondureña militares son citados a declarar por la justicia, el presidente Carlos Roberto Reina expresó que los oficiales, quienes han sido acusados de las desapariciones forzadas, deben acatar el citatorio para testificar ante el tribunal que sigue la causa.

“Yo creo que nadie se puede resistir a la aplicación de la ley, porque entonces dejaríamos de ser un Estado de derecho”, apuntó. Insistió en que se deben esclarecer las desapariciones, señalar a los responsables y encontrar los restos de los desaparecidos. Jorge Arturo Reina, vicepresidente del Parlamento, manifestó, que los oficiales están obligados a atender el llamado de los tribunales, al advertir que ni civiles ni militares deben estar por encima de la ley. “Una orden de tribunal tiene la fuerza que el Estado le otorga, y es válida para civiles y militares”, acotó.

La víspera, el abogado de los acusados, Carlos López Osorio, había amenazado con procesar judicialmente al juez si impartía la orden de comparecencia en contra de los oficiales, al afirmar que primero debería esperase la resolución de un tribunal de apelaciones ante el cual presentó un recurso de amparo.

Por otra parte, grupos de derechos humanos acusaron a los militares de lucrar con la inseguridad imperante en el país, al vender armas y ofrecer servicios de vigilancia privada.


Referencia: AHCMR/DVD/RevistaCRIE/1995/335/no-especificado/no-especificado