Archivo Histórico Comité Monseñor Romero

Junta salvadoreña culpable de genocidio

Tribunal Permanente de los Pueblos

Miguel Concha

El Tribunal Permanente de los Pueblos tendrá una sesión especial aquí en México, del 9 al 11 de febrero del año en curso. La reunión se dedicará a las gravísimas condiciones que vive actualmente el pueblo salvadoreño, a petición de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. El Tribunal está compuesto por 56 miembros seleccionados entre personalidades mundiales eminentes de la cultura, el arte, la religión, las ciencias y la política. De entre ellos puede mencionarse a Rafael Alberti, poeta y pintor español; Richard Barnet, economista y escritor estadunidense; Ernesto Cardenal, sacerdote, poeta y ministro de Cultura de Nicaragua; George. Cassalis, teólogo protestante y escritor francés; Noam Chomsky, lingüista de Estados Unidos; Julio Cortázar, escritor argentino; Harvey Cox, teólogo protestante y escritor estadunidense; Paulo Freiré, pedagogo y escritor brasileño; Eduardo Galeano, sociólogo y escritor uruguayo; Gabriel García Márquez, escritor colombiano; Giulio Girardi, filósofo y teólogo italiano; Pablo González Casanova, politólogo y escritor de México; Ernesto Meló Antunes, ex primer ministro de Portugal; Raim Panikkar, experto estadunidense en religiones orientales; Andreas Papandreu economista y político griego: James Petras, sociólogo de la Universidad de Birmingham en Nueva York; Laurent Schwartz, matemático francés; Enrique Tierno Galván, alcalde mayor de Madrid y muchos otros. Varios premios Nobel forman parte también del Tribunal, como Gunnar Myrdal, economista sueco y Premio Nobel de Economía; Sean McBride, irlandés y Premio Nobel de la Paz; Alfred Kastler, francés y Premio Nobel de Física; George Wald, estadunidense y Premio Nobel de Biología.

La sesión especial de México sobre El Salvador estará presidida por George Wald, vicepresidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, ex profesor de biología en la Universidad de Harvard, Premio Ndbel —como se ha dicho —y presidente de la sesión en esta ocasión; Harvey Cox, James Petras, Vicente Navarro —médico e investigador de Estados Unidos—, Amar Bentoumi —ex ministro de Justicia de Argelia—, Sergio Méndez Arceo —obispo católico e historiador de Cuernavaca, México—, Armando Uribe —vicepresidente del Tribunal, jurista y ex embajador de Chile en la República Popular de China, Edmond Jouve —jurista francés y profesor de la Sorbona-, Andreas Papandreu, Richard Báumlin —jurista constitucionalista y diputado suizo—, y Giulio Girardi. El Tribunal Permanente de los Pueblos ha tenido ya las siguientes sesiones entre 1979 y 1980: sobre el Sajara Occidental en Bruselas, en septiembre de 1979; sobre el pueblo de Argentina en Ginebra, en mayo de 1980; sobre Eritrea en Milán, en junio de 1980; sobre el pueblo de Filipinas en Antwerp,en noviembre de 1980. Están también ya programadas y casi organizadas las sesiones sobre Afganistán, Timor-Este y Palestina.

El TPP es un tribunal de opinión que continúa la tradición de iniciativas análogas iniciadas en el mundo occidental con el proceso de Nuremberg, el Tribunal de Tokio —que juzgó a los criminales de guerra japoneses—,el Tribunal Russell I sobre el Vietnam, el Tribunal Russel II sobre América Latina, el Tribunal Russel III sobre el berutverbot en Alemania Occidental, el Tribunal Russell IV sobre las poblaciones indígenas de América, y el Tribunal Delgado que juzgó los crímenes cometidos por la PIDE en Portugal, en tiempos de Salazar y Caetano.

El TPP fue fundado por la Fundación Internacional Leslio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, el 24 de junio de 1979, en Bolonia, Italia. Posee como referencia los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en Argel el 4 de julio de 1976. La misma Fundación creó también la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, establecida ya en siete países. El veredicto de cada sesión del Tribunal se entrega a la Liga, la cual, como organismo no gubernamental con estatuto consultivo en el Consejo Económico-Social de la Organización de Naciones Unidas, garantiza su máxima divulgación en las organizaciones internacionales y entre los gobiernos presentes en la ONU. Esos mismos veredictos —por su rigor jurídico y su imparcialidad — hoy son materia de estudio y de publicaciones en varias universidades europeas y estadunidenses.

La Declaración de Argel establece en sus artículos 1 4. 5, 6, 7,11. 22, 27, 28, 29 y 30 lo siguiente: Todo pueblo tiene derecho a existir

(1); nadie puede ser, debido a su identidad nacional o cultural, objeto de matanza, tortura, persecución, deportación o expulsión, o ser sometido a condiciones de vida que puedan comprometer la identidad o integridad del pueblo al que pertenece.

(4); todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación. El determina su estatus político con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior (5);

todo pueblo tiene el derecho de liberarse de toda dominación colonial o extranjera directa o indirecta y de todos los regímenes racistas.

(6); todo pueblo tiene derecho a un régimen democrático que represente al conjunto de los ciudadanos, sin distinción de raza, sexo, creencia o color, y capaz de asegurar el respeto efectivo de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos.

(7); todo pueblo tiene el derecho de darse el sistema económico y social que elija y de buscar su propia vía de desarrollo económico, con toda libertad y sin injerencia exterior.

(11); todo incumplimiento a las disposiciones de la presente declaración constituye una transgresión a las obligaciones para con toda la comunidad internacional.

(22); los atentados más graves a los derechos fundamentales de los pueblos, sobre todo a su derecho a la existencia, constituyen crímenes internacionales que entrañan la responsabilidad penal individual de sus autores.

(27); todo pueblo cuyos derechos fundamentales sean gravemente ignorados tiene el derecho de hacerlos valer especialmente por la lucha política o sindical, e incluso, como última instancia, por el recurso a la fuerza.

(28); los movimientos de liberación deben tener acceso a las organizaciones internacionales y sus combatientes tienen derecho a ser protegidos por el derecho humanitario de la guerra.

(29); el restablecimiento de los derechos fundamentales de un pueblo, cuando son gravemente ignorados, es un deber que se impone a toda la comunidad internacional.

(30). Con fundamento en estos artículos la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador denuncia con sobrada razón al genocida gobierno militar y democristiano de ese país, basada en los hechos nacionales e internacionales por todos conocidos.

UNO MAS UNO, 7 FEBRERO 1981


Referencia: AHCMR/DVD/RevistaCRIE/1981/67/derechos-humanos/junta-salvadorena-culpable-de